La funcionaria Flor Estela Morales es señalada por ignorar petición de auxilio y tildar de “falsa” la irrupción de un grupo armado en la comunidad, pese a que intervino la Guardia Nacional
Eustaquia Sandoval Galindo, agente municipal de Guerrero Grande, agencia de San Esteban Atatlahuaca, acusó a la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales Hernández, de poner en riesgo la integridad de los habitantes de su comunidad al negar, ignorar y minimizar la irrupción de un grupo armado y la detonación de disparos de armas de fuego.
La autoridad comunitaria sostuvo que cuando Estela Morales minimiza las situaciones de riesgo de las comunidades indígenas y con la política estatal de negación “de que en Oaxaca no pasa nada”, agudiza los conflictos y pone en riesgo la integridad física de las personas en las comunidades indígenas, “ya que en lugar de atender y resolver se dedican a negar y a minimizar”.
El pasado domingo, Eustaquia Sandoval exigió la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal por el ingreso de personas armadas a la comunidad, quienes realizaron disparos desde los accesos principales a la población y desde la azotea de un domicilio particular.
Guerrero Grande es una comunidad de San Esteban Atatlahuca, municipio de la región Mixteca de Oaxaca. Sus habitantes cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos registrados los días 21, 22 y 23 de octubre de 2021, cuando un grupo armado encabezado presuntamente por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de 100 casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.
El 23 de diciembre del 2021, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de Guerrero Grande, de Ndoyonoyuji y otros para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.
Posteriormente, el 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente solicitando al Estado mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
