El abogado Miguel Ignacio Villanueva López aseguró que el decreto 24 con el que se suprimieron las bases de mil 344 trabajadores del gobierno de Oaxaca, también significó una violación a los derechos humanos de las familias de los afectados.
Lo anterior, explicó, porque se dejó sin el sustento económico y sin otros derechos, como el derecho a la educación, a la salud y a la dignidad humana.
Ignacio Villanueva, titular de una firma de abogados conformada por Enrique Saddam Jackson Aguilar, Miguel Ángel Varela Arenas y Francisco Ricardo Salinas López, promovieron amparos de un grupo de trabajadores con el decreto 24 aprobado en la 66 Legislatura del Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz.
A través de estas demandas de amparo, lograron la suspensión provisional del decreto a favor de los trabajadores y establecieron la obligación del gobierno del estado a pagar el 30 por ciento, como “mínimo vital”, a los trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada.
El especialista detalló que en estos juicios se argumentó que el decreto contempla la indemnización a las personas afectadas sólo en caso de que cuenten con los recursos económicos para ello, lo cual es una violación al artículo 39, fracción quinta, inciso J, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Además, dijo que viola el artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “ya que, si bien marca que sí existe la supresión de bases, también establece que debe haber un procedimiento para ello”.
Para suprimir una base, al trabajador debe otorgársele otra o una semejante a la que se le está suprimiendo, en el mismo lugar de trabajo, con el mismo sueldo y prestaciones, o a una indemnización; pero entre estas dos, es potestad del trabajador decidir si quiere una nueva base o plaza, o la indemnización. “Es decir, te da la opción de elegir entre una y la otra”.
Y el decreto, añadió, al no respetar el procedimiento ni estas bases, está violando una norma constitucional.
Ignacio Villanueva aseguró que, como especialistas, advierten una violación de los derechos humanos de los trabajadores afectados, y que es inconstitucional.
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