Desplazados de Atatlahuca exigen en Oaxaca cumplir medidas cautelares; acusan incursión de grupo armado

Tlaxiaco.– El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (Cedapi) denunció que este lunes 23 de septiembre un grupo de personas, encabezados por el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, ingresó a la comunidad de Guerrero Grande sin previo aviso, ni autorización, donde se resguardan un grupo de personas desplazadas beneficiarios de las medidas cautelares MC-1050-21, por los hechos violentos el pasado mes de octubre en 2021.

Por estos hechos, en un comunicado, el Cedapi y un grupo de personas desplazadas solicitaron el “cumplimiento de la medida cautelar MC-1050-21 y la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU AU núm. 1456/2021 a 1460/2021”. Además, de que se realicen acciones urgentes para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios de la comunidad de Guerrero Grande.

En el escrito se señala que las autoridades de Atatlahuca acudieron cerca del mediodía y se retiraron casi las 4:00 de la tarde, con un grupo de aproximadamente 100 personas encabezadas por el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, José Ángel García Sandoval, el Síndico municipal, Valentina Sandoval Quiroz, así como el comisariado de Bienes Comunales, Noé Bautista Barrios.

“Llegaron sin previo aviso de manera autoritaria y con personas armadas dispersas que rodean la comunidad, provocando un clima de zozobra y miedo a las personas beneficiarias de medidas cautelares en esta comunidad, señalando dichas autoridades municipales que cuentan con el apoyo de Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Gobierno Federal para ingresar a la comunidad de Guerrero Grande”. Sin embargo, las autoridades desmintieron que fueran personas armadas.

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Cedapi, afirmó que ante esta situación existe riesgo grave de daños irreparables de pérdida de la vida, así como de daños a la integridad física de los beneficiarios de medidas cautelares como mujeres, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas vulnerables.

 

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