La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara dio un plazo de tres días a la SEP y a la Conaliteg para cumplir con la suspensión definitiva que ordena revisar el contenido de material educativo.
CDMX.- La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dio un plazo de tres días a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para cumplir con la suspensión definitiva que ordena revisar el contenido de material educativo.
En sus argumentos, la juzgadora consideró que ambas autoridades han sido omisas para cumplir con el fallo resuelto el pasado 25 de mayo, relacionado la indicación de revisar el contenido de los libros de texto que serán utilizados en el ciclo 2023-2024, para poder continuar con la edición e impresión de los materiales.
La suspensión definitiva fue otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF); sin embargo, tanto la SEP como la Conaliteg promovieron recursos de revisión, en contra del mandato de la jueza Medina Alcántara.
De esta forma, será el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la autoridad que revisará el recurso de las autoridades educativas, para resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia de la titular del Tercer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.
“…Requiérase nuevamente a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que dentro del término de tres días, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada en resolución del 25 de mayo de 2023, en que se concedió la suspensión definitiva a Unión Nacional de Padres de Familia, asociación civil”, resolvió este lunes la jueza Medina Alcántara.
La jueza de primera instancia fijo para el próximo 24 de julio la fecha para realizar la audiencia constitucional, en la que se resolverá si le otorga la protección de la justicia federal a la UNPF, en contra de la edición de libros de texto, para que tras la revisión concuerden los planes de estudio y garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas.
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