CDMX.- En una carta enviada al Congreso de Estados Unidos, el Departamento del Interior anunció la certificación negativa de México por la violación de tratados internacionales, debido a la captura y comercio ilegal del pez Totoaba, que provoca la muerte incidental de la vaquita marina, lo que disminuye la efectividad de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
En la misiva, Deb Haaland, secretaria del Interior de Estados Unidos, recordó al Senado y la Cámara de Representantes que de conformidad con la llamada Enmienda Pelly, el presidente Joe Biden, cuenta con 60 días para notificar al Congreso, “cualquier medida tomada de conformidad con la certificación para ayudar a fomentar las acciones de
Esta certificación negativa abre la puerta a un eventual embargo comercial en contra de todas las pesquerías mexicanas, es decir, para que no se puedan vender pescados y mariscos nacionales en territorio estadounidense.
De acuerdo con datos de la Conapesca, el mercado de EU representa el 50 por ciento de las ventas al exterior de México, lo que equivale a 763.5 millones de dólares anuales.
“El Departamento del Interior, en consulta con el Departamento de Estado, ha determinado a través de una investigación exhaustiva de la evidencia que, a pesar de las protecciones y compromisos internacionales, el Gobierno de México no ha logrado detener la pesca ilegal y la exportación comercial de Totoaba. Este comercio ilícito tiene impactos negativos directos en la supervivencia de la vaquita marina, que se atora y se ahoga en las redes de enmalle ilegales colocadas para la Totoaba”, señaló Deb Haaland.
Agregó que el comercio ilegal de vejigas natatorias o buches de Totoaba en China no sólo es contrario a las disposiciones de CITES, sino que también es un factor importante que contribuye a la casi extinción de la vaquita marina.
“La población de vaquita ha sido monitoreada durante décadas, revelando una disminución constante y rápida, y se estima que la población mundial actual es de 10 animales o menos”, subrayó.
Mano dura
Las organizaciones de la sociedad civil con sede en Estados Unidos que desde 2017 promueven esta certificación negativa bajo la Enmienda Pelly, advirtieron que si a mediados de agosto el presidente Joe Biden no aplica un embargo comercial contra todas las importaciones de ejemplares de vida silvestre procedentes de México, deberá ofrecer una amplia explicación.
México le ha fallado a la vaquita y ha ignorado sus obligaciones bajo el derecho internacional, por lo que esta decisión del Departamento del Interior es crucial para abonar a la conservación del mamífero marino en mayor peligro del mundo.
“A nadie le gustan las sanciones comerciales dolorosas, pero sin una presión fuerte e inmediata de la comunidad internacional, es muy probable que perdamos a esta pequeña y tímida marsopa para siempre”, indicó Sarah Uhlemann, directora del Programa Internacional del Centro para la Diversidad Biológica.
En 1994, la administración Clinton prohibió importaciones de vida silvestre de Taiwán, por una certificación negativa, debido al comercio ilegal de partes de rinocerontes y tigres en violación de la CITES.
En respuesta, el Gobierno de Taipéi cerró inmediatamente sus mercados nacionales donde se vendían estos productos y subproductos y reforzó la aplicación de sus leyes de protección de los recursos naturales.
“La decisión de hoy es otra señal para México de que sus acciones no son adecuadas para proteger a la vaquita marina, y que el país debe intensificar sustancialmente sus esfuerzos para implementar y hacer cumplir plenamente sus leyes”, alertó DJ Schubert, biólogo de vida silvestre del Instituto de Bienestar Animal.
La certificación negativa de Estados Unidos se presenta luego de que la Secretaría de la CITES suspendió temporalmente todo intercambio comercial de especies protegidas con México por no haber presentado un plan de acción adecuado para el control de la pesca y el tráfico ilegal de Totoaba.
El 13 de abril, la CITES levantó esa sanción comercial luego de que el Gobierno de México presentó en un tercer intento un plan adecuado, que aún no se ha puesto a disposición del público y fue reservado por un año por la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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